Los vecinos de Brunete pagamos la defensa jurídica por los casos de corrupción que salpican al PP

Los vecinos de Brunete pagamos la defensa jurídica por los casos de corrupción que salpican al PP

¡Como lo han leído! Se puede comprobar en el reconocimiento de crédito que se adjunta. La defensa jurídica de Ana Cristina Gil Guerra, investigada por el presunto amaño de un contrato de 8,9 millones de euros a Cofely, la pagamos todas las vecinas y vecinos de Brunete.

Según ella, dichos gastos corresponden “a un asunto medioambiental de hace tiempo”... Curioso porque en el acuerdo de la Junta de Gobierno local se habla de 2016 y 2017, justo cuando se destapó el escándalo de la Púnica y Cofely...

Por cierto, el acusado de cohecho y alcalde de #Brunete aseguró en el último pleno ordinario que “de momento ni un euro de las arcas públicas se ha gastado en mi defensa jurídica...” Ver para creer...

Llama también mucho la atención que la defensa jurídica de Luis Toribio, jefe de la policial local denunciado por su propio sindicato, la lleve el despacho J. Caballero (situado en la calle Iván Martínez, 1 de Brunete) y cuyo titular es el marido de la que entonces era, nada más y nada menos, que la concejala de Seguridad (de donde depende la propia policía) y actualmente concejala de gestión de residuos, María Soledad López-Varela...

Sobre este último particular, Ganar Brunete le pidió a la concejala “un poquito de ética” y el PSOE habló de “cante que echaba para atrás”...

La concejala argumentó que fue el propio Luis Toribio quien eligió el abogado que quiso... Pues menos mal que no eligió al abogado de la Infanta Cristina porque, en vez de algo más de 11.000 euros, igual nos habría costado a las vecinas y vecinos un riñón y parte del otro...

Recordemos, por último, que Susana Corrales es la cabo de la policía local y está pendiente de apertura de juicio oral por el presunto intento de soborno a una concejala de la oposición